El año 2014 estuvo marcado por las elecciones parlamentarias y presidenciales; culminando con la reelección del presidente Juan Manuel Santos en segunda vuelta, con la propuesta principal de respaldo al proceso de paz y a las negociaciones que se adelantan en La Habana. El inicio del segundo mandato del presidente Santos trajo cambios en el Ministerio de Agricultura con la llegada, el pasado mes de agosto, del Dr. Aurelio Iragorri Valencia como jefe de la cartera en reemplazo de Dr. Rubén Darío Lizarralde, situación que provocó un replanteamiento de política y cambios en los programas que se venían desarrollando.

Durante 2014 la Dirección Nacional de Planeación empezó un recorrido por el país para socializar las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND) “Todos por un Nuevo País”, el cual deberá ser aprobado por el congreso de la república en el mes de mayo del presente año, e incluye las propuestas de política agraria para el próximo cuatrienio. La propuesta del nuevo PND, en materia agrícola ha generado controversia en diferentes sectores, incluyendo el congreso, por temas que van desde el destino y manejo de los recursos parafiscales, hasta las facultades extraordinarias para el ejecutivo en asuntos de tierras, crédito agropecuario y reorganización de la institucionalidad del sector.

Es de esperar, que para el desarrollo normativo y una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo (PND), sean tenidas en cuenta por el ejecutivo las recomendaciones de la Misión Rural, las conclusiones del Pacto Nacional por el Agro y la información del Censo Nacional Agropecuario.

A pesar que para el 2014 se había anunciado un presupuesto histórico de $5 billones de pesos para la cartera agropecuaria, el Ministerio de Agricultura terminó con problemas de ejecución y dificultades para honrar sus compromisos con los agricultores, incluyendo el sector algodonero.

El panorama económico mundial no es alentador y los resultados empezaron a reflejarse en la economía nacional durante el 2014. La caída del 38% en el precio del petróleo y general de las materias primas, la menor demanda mundial, la disminución de la Inversión Extranjera Directa en Colombia, generaron desestimulo en la actividad económica, con efectos negativos en el presupuesto nacional, incluyendo el de la cartera agropecuaria.

El algodón no fue ajeno a la coyuntura externa. El precio de la fibra en la bolsa de Nueva York cayó un 28%, efecto soportado por la acumulación histórica de inventarios en China, buena producción mundial y bajos precios de las fibras sintéticas. El precio del algodón en diciembre de 2014 fue el más bajo registrado de los últimos 5 años y no se espera recuperación significativa en el corto plazo según afirman los expertos.

A raíz de la caída en la cotización de la fibra, especialmente en la segunda mitad del año, la compensación algodonera pasó de ser en promedio el 24% del precio de la tonelada durante el primer semestre de 2014, al 42.5% durante el segundo semestre. La coyuntura internacional generó también una importante devaluación del peso que ayudó a suavizar un poco la situación externa, favoreciendo en general la competitividad del sector agropecuario nacional.

La incertidumbre por la finalización del CONPES 3401 en diciembre de 2015 continua. A raíz de esta situación se dirigieron todos los esfuerzos durante el 2014 a la formulación y estructuración de una propuesta para la “Nueva Política Algodonera”, basada en el plan de acción para la competitividad de las zonas algodoneras que se adelanta conjuntamente con el ministerio. La propuesta fue presentada el pasado mes de octubre al Ministro de Agricultura y contiene un análisis del impacto económico y social del cultivo y la difícil coyuntura actual y resalta la imposibilidad de pensar en el futuro del algodón sin un apoyo al precio.

La propuesta de “Nueva Política Algodonera” contempla un apoyo al precio con reducción gradual en el corto plazo, e incluye un rubro destinado a inversión y transformación de factores productivos, como única solución para alcanzar la competitividad, sostenibilidad y crecimiento del cultivo.

Desde que asumí la Presidencia Ejecutiva de Conalgodón fui claro en manifestar que no era realista pensar en la prolongación del CONPES 3401 en las mismas condiciones, y que era necesario diseñar una nueva política de sustentación de precios desligada de los costos de producción, que permitiera de forma gradual incorporarse a los patrones internacionales. Fui enfático también en resaltar que la propuesta conjunta del gremio y sus productores debía ir encaminada a sostener un apoyo al precio como prioridad en el corto plazo y que las demás problemáticas del cultivo podrían ser abordadas en el mediano plazo.

Durante el último trimestre del año nos enfrentamos a demoras en el pago de la compensación de la cosecha del Interior, específicamente por problemas de caja al interior del Ministerio de Hacienda y Crédito público, que nos llevaron a concentrar todos los esfuerzos en solucionar esta situación, logrando finalmente el desembolso a principios de febrero del presente año.

Se logró, después de varios años, volver a habilitar la garantía FAG para las operaciones que se celebran a través de la Bolsa Mercantil, figura que permitirá de forma inmediata mejorar el flujo de caja de la industria y por ende el pago a tiempo a los algodoneros, además de impulsar el desarrollo de otros instrumentos de financiamiento para el sector agropecuario diferentes al crédito bancario.

Obtuvimos por parte de la industria el compromiso para la absorción total de la cosecha nacional, incluyendo la negociación de saldos finales que inicialmente iban para exportación. Para lograr este cometido se apoyó la elaboración de un contrato marco de comercialización, se prestó colaboración para dirimir diferencias entre las partes y se negociaron los diferimientos arancelarios.

Con el apoyo del Fondo de Estabilización de Precios, FEPA, se exportaron 2.388 toneladas de fibra principalmente a Perú, con una destinación presupuestal de $1.157 millones de pesos, equivalente a una ayuda promedio por tonelada de $482.846 pesos. El apoyo del FEPA estuvo destinado a cubrir los gastos de la exportación; aduaneros, logísticos y fletes.

Continuamos con la política de recuperación de cartera y se implementó un mecanismo para descontar directamente la cuota de sostenimiento del gremio a través del comprador de la fibra, herramienta que ya empieza a mejorar la situación financiera de CONALGODÓN. Finalmente, la gestión realizada durante el año se hizo basada en el principio de austeridad del gasto, logrando que el rubro de costos y gastos operacionales se redujera en un 10% frente al 2013 y un 14% frente al 2012.